
La
pasada semana responsables de distintas áreas del Ayuntamiento visitaron el
poblado para determinar qué chabolas estaban desocupadas para proceder a su
demolición el día 30 de Junio. Los derribos finalmente ha tenido lugar esta
mañana en un momento claramente inidóneo, ya que han vuelto de campamento 60
niños y toda la población infantil está en el asentamiento por la finalización
del curso escolar, situación que no se daba el pasado día 30.
Esta
actuación viene a consolidar la falta de alternativas para los vecinos
planteadas por el Ayuntamiento, que en un año de gobierno se ha limitado a
anunciar un plan de choque que incluía actuaciones urgentes para dignificar la
vida en el poblado que nunca ha llegado, y una intervención a medio plazo de la
que los vecinos tampoco saben nada hasta la fecha.
Hasta
el momento únicamente se ha realizado una limpieza del poblado, pero no se ha
afrontado una cuestión tan importante y urgente como el acceso al agua y el
saneamiento: no hay nuevas fuentes, no hay grifos, ni letrinas, lo que
imposibilita terminar con las ratas y los insectos.
Tampoco
se ha mejorado la limpieza diaria de El Gallinero, ni colocado contenedores de
basura suficientes; no se ha garantizado que el servicio de ruta escolar se
adecue a los horarios de los centros escolares; no se han arreglado las calles
y caminos, que han terminado por estar intransitables con las lluvias,
generando una situación insoportable e intolerable, especialmente para los niños
que acuden al colegio a diario en medio del barro; ni se ha acometido la mejora
de la instalación eléctrica, enormemente peligrosa para los menores, ni se han
concedido ayudas sociales de emergencia para familias en situación de extrema
vulnerabilidad. Incumpliéndose así los compromisos formulados por los actuales
responsables de la administración municipal, tanto antes como después de acceder
al gobierno.
Esta
situación de vulneración de derechos ha sido constatada y recogida en los
últimos años por varios organismos independientes, entre ellos El Defensor del
Pueblo, la ONG Save the Children y la Universidad de Comillas, y recientemente
por varios relatores especiales de Naciones Unidas, que han instado a las
autoridades competentes a informar sobre la situación de estos vecinos en
relación, entre otros, con su derecho al agua y el saneamiento, la salud, la
alimentación y la vivienda
Ante
esta “nueva política” en materia de participación ciudadana y Derechos Humanos,
en la que los últimos siguen quedando para lo último, no podemos sino exigir al
Ayuntamiento de Madrid una actuación rápida y eficaz en la defensa de los
Derechos de una comunidad de vecinos pertenecientes a una minoría étnica,
excluida y marginalizada, y compuesta, fundamentalmente, por mujeres y niños.