Comunicado de prensa firmado por distintas entidades sociales valorando la incidencia de la Operación Chispa en el Poblado de “ El Gallinero”.

Ante la OPERACIÓN CHISPA desarrollada por la Guardia Civil bajo la autorización del Juzgado de Guardia de Madrid, en Getafe, Yuncos ( Toledo), Villaverde ( Madrid) y el poblado de “El Gallinero” ( Villa de Vallecas-Madrid)  los colectivos firmantes queremos manifestar que:

En el poblado “El Gallinero” residen actualmente más de seiscientas personas de los cuales 350 son menores, la mayor parte de ellos niños y niñas muy pequeños, que no tienen relación alguna con el robo o hurto del cable o ilícito penal alguno. De los 600 habitantes del poblado han sido detenidas 18 personas, el resto de los detenidos no viven en el poblado ni tienen relación alguna con él.  Advertimos, por lo tanto  del riesgo real y constatado de  criminalizar a toda la población de “El Gallinero y no a los presuntos autores del delito. En este sentido pedimos a los medios de comunicación, que se han mostrado siempre atentos a denunciar las condiciones de vida de estas personas, una especial sensibilidad para no abundar en esta criminalización de una población especialmente vulnerable por su condición de minoría étnica migrante y la pobreza en que viven.

 De hecho, es preciso reflexionar sobre el hecho de que, habiéndose desarrollado la operación en cinco puntos geográficos distintos, todas las imágenes de los medios de comunicación son de este poblado y todos los detenidos expuestos a los medios de comunicación son habitantes del mismo, lo que pone el foco mediático sobre el asentamiento.

 Creemos que es preciso que desde todos las instancias implicadas: autoridad judicial, cuerpos de seguridad, medios de comunicación, agentes  sociales, etc… se analice en profundidad las implicaciones de esta actividad delictiva, al sustracción y tráfico ilícito del metal,  para evitar restringir la acción a la penalización de los últimos miembros de la cadena del delito con el riesgo de dejar impunes a quienes mueven el negocio de cobre ilícito y se lucran con él.

Desde el 25 de octubre hasta la actualidad las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado han desplegado distintas intervenciones que abarcan desde demoliciones sin autorización judicial hasta redadas masivas de identificación y uso explicito de la violencia, que han sido denunciadas en el Juzgado de Guardia. En todas estas actuaciones la Policía Nacional ha  impedido siempre la entrada a los medios de comunicación al poblado, y cuando los medios gráficos han conseguido entrar, la policía ha identificado los fotógrafos actuantes o entorpecido su actuación llegando el pasado 22 de noviembre a obligar a una fotógrafa de un medio a extranjero a borrar las imágenes de su cámara. Denunciamos este doble rasero de la Policía a la hora de permitir la presencia de los medios de comunicación en el poblado, porque precisamente vuestra presencia constituye a veces el único medio de prueba y denuncia de las injusticias sociales.

Sin perjuicio de la legalidad de la llamada “operación chispa” que no se pone en duda y de  la necesaria actuación en orden a la persecución de los delitos, observamos con preocupación cómo se está forjando en el imaginario social una creciente animadversión hacia el colectivo gitano rumano de la que se hacen especialmente víctimas los niños y niñas romanís. Denunciamos que por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid se está creando el caldo de cultivo para la exclusión y discriminación que justifica socialmente la existencia de políticas de desalojos forzosos y expulsiones masivas sobre esta etnia.

Asociación Apoyo. C. P. San Carlos Borromeo. Coordinadora de Barrios. Asociación Juvenil el Gallo de Santo Domingo. Fundación Imaginario Social-Proyecto Nido. Asociación Madres Unidas Contra la Droga.
Asociación Arrímense.